Alicante, la ciudad donde se habla mucho, se discute más, pero casi nunca culmina nada

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Veinticuatro años se cumplen este año de la famosa foto en la que el entonces alcalde, Ángel Luna, y otra serie de cargos públicos, ataviados como si de ingenieros petrolíferos se tratara, posaron para la foto en la que se escenificaba el desmantelamiento de los depósitos que Campsa, después CLH, mantenía en el Puerto pegados al casco urbano al encontrarse junto donde hoy se levanta el fallido complejo de ocio Panoramis, otro de los culebrones de la ciudad de Alicante. Tras una polémica de años se ponía fin al almacén de combustible al que el crecimiento urbano de la ciudad había dejado a escasos metros de las viviendas de la segunda línea del mar –el desarrollo posterior de San Gabriel era entonces un proyecto-, y sobraba porque en Alicante comenzaba a hablarse del papel que esa zona del Puerto debiera jugar: ocio y una industria compatible con el entorno.

Hoy, nos encontramos con un centro de ocio fantasma, una estación de autobuses provisional –dentro de 30 años seguirá ahí, que nadie lo dude- que hasta hace cuatro días era hasta ilegal administrativamente, según la normativa del Puerto, un barrio de casas de antiguos trabajadores portuarios más fantasmagórico aún que el Panoramis, y un centro cultural, Casa Mediterráneo, inacabado y ahora bajo la amenaza de contar junto a él con un aparcamiento para trenes de mercancías de 750 metros de longitud, que será realidad si algún día se logra que el Puerto esté conectado con el Corredor Mediterráneo. Hablamos de Alicante, la ciudad donde se habla mucho, se discute más pero en la que casi nunca culmina ningún proyecto.

Sirva esta introducción para entrar en lo que desde hace ya casi un año es la última polémica de la ciudad y de su Puerto. El proyecto para la construcción en los muelles 19 y 21 de una terminal para mover más de mil millones de combustible «low cost» al año con el que abastecer a las gasolineras de la provincia e, incluso, de Albacete y Murcia. Una iniciativa que encaja administrativamente en el Puerto porque en los últimos 24 años, tras una declaración e intenciones disfrazada de protocolo, nadie en Alicante, ni en Ayuntamiento, ni en el Puerto, ni, mucho menos, en el Consell, se ha preocupado por mover un papel para modificar la normativa que hoy, sin nadie lo remedia, avala que los vecinos que viven frente al Puerto puedan tragarse seis depósitos de más de 26 metros de altura repletos de carburante.

Han pasado 24 años desde la foto de Ángel Luna y no se ha hecho nada. ¿Nenfotismo alicantino? Han pasado también siete años desde que en 2012 la promotora del macroalmacén llamara a las puertas del Ayuntamiento y comunicara sus intenciones, y nadie hizo nada por pararla. Todo lo contrario, negro sobre blanco constan varios informes que avalan todos los pasos administrativos. Y han transcurrido nueves meses desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde Luis Barcala –edil con Sonia Castedo en 2012 cuando comenzó a tramitarse el almacén de combustible– pusieran el grito en el cielo conjurándose para parar el proyecto y, como siempre, nadie ha vuelto a hacer nada.

La historia de Alicante. Mucho ruido y ¿nueces? las justas ninguna. No solo eso. Nueve meses después de conocerse el proyecto, ahora nos encontramos con que sus promotores han superado un escollo más y desde el viernes 26 de julio cuentan con suelo en el Puerto tras esa aprobación de la modificación sustancial de la concesión que Terminales Marítimas del Sureste tiene en los muelles 19 y 21, a unos ochocientos metros de viviendas y colegios.

Cierto que la planta para almacenar combustible no es una fábrica de biodiésel y el combustible tampoco es granel que emite a la atmósfera partículas contaminantes, pero hablamos de sustancias tipificadas como peligrosas cuyo movimiento es eso, peligroso, aunque el mismo peligro que tienen las gasolineras repartidas por la ciudad, algunas pegadas a colegios muy cerquita del Puerto, que funcionan sin problemas cumpliendo las normas y que nadie cuestiona. Ahora tenemos, por tanto, que el almacén es, en principio, legal y puede instalarse a falta de saber qué «as» guardarán bajo la manga Puig y Barcala –al Puerto que no le pregunten- para parar una instalación que está claro no quieren los alicantinos.

El jefe de Consell lo advirtió hace nueve meses. Vino a decir que es lícito y comprensible que los alicantinos no quieran la terminal de combustible, pero añadiendo que tampoco es bueno estar instalados en el no permanente. A buen entendedor? Ahora solo hace falta que el nuevo Ayuntamiento donde ya se han repartido la soldadas de la legislatura, tanto vencedores como vencidos, se ponga a trabajar.

¿Quién tiene la culpa? ¿El Puerto por intentar seguir los guiones clásicos del sector? ¿El Ayuntamiento que permitió la expansión urbana por el sur de la ciudad sin pararse a pensar que enfrente de las viviendas tenía un Puerto con chimeneas y grúas? ¿Los vecinos que se fiaron del promotor de turno y compraron sus pisos pensando que las vistas iban a ser a una bahía como Puerto Banús?

Preguntas que hay que responder a una ciudad que vive inmersa en la contradicción permanente de querer combinar dos actividades portuarias incompatibles (ocio e industrial) sin enterarse de que su Puerto ya no es aquel del que salían los vapores – hoy habría hasta quien lo cuestionaría por aquello del uso de combustibles fósiles- con destino a América, sino un puerto prácticamente encajado en una ciudad incapaz de definir qué modelo quiere que guíe su futuro.

Está claro que a estas alturas y con miles de viviendas pegadas al Puerto, actividades como la fabricación de biodiésel, el movimiento de millones de litros de carburante no son lo más aconsejable para una ciudad que no se cansa de reivindicar su condición de turística.

En el consejo de administración de la Autoridad Portuaria no solo se sientan técnicos y miembros de la comunidad portuaria. Una de las sillas está ocupada, por ejemplo, por el alcalde de Alicante, hoy Luis Barcala, con competencias urbanísticas para decidir qué se autoriza en los muelles. Otra, la del edil de Compromís Natxo Bellido, representante propuesto por la Generalitat. Ninguno de los dos estuvo en el consejo en el que dio vía libre al almacén de combustible porque tenían pleno municipal. Un ejemplo más de la descoordinación entre Ayuntamiento y Puerto, tan cerca y a leguas de distancia cuando se trata de resolver cuestiones importantes. Barcala anunció en octubre de 2018, ya muy cerca de la carrera electoral por crear una mesa de trabajo para decidir qué Puerto quiere Alicante. Nueve meses después, humo. Turismo de cruceros, la mayor estación náutica del Mediterráneo, un macro acuario, contenedores, actividades industriales menos peligrosas como el tan cacareado distrito digital son propuestas que debe analizar la comunidad portuaria, el Ayuntamiento, la Generalitat, Puertos del Estado, la Universidad, vecinos, pero ya, sin mayor dilación, porque lo que es urgente es que al Puerto se le dote de actividades que ni lesionen los intereses de sus trabajadores, ni los de los vecinos del entorno.

Fuente: Informacion.

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