El Ayuntamiento exige un informe ambiental de la Generalitat y paraliza los macrodepósitos

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Un informe jurídico sobre el procedimiento seguido por la mercantil Bussines 90 para la construcción de un centro para el almacenaje y distribución de productos petrolíferos (gasóleo y gasolina) en el puerto de Alicante concluye que la promotora necesita que el proyecto cuente con una Declaración Ambiental Estratégica y un informe de impacto ambiental previo, que debe emitir la Generalitat. Paso necesario antes de que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo estudien si procede concederle la licencia de obra mayor, tal como viene reclamando Business 90 desde 2013. La jurista que firma el documento recuerda, incluso, que en el Ayuntamiento no consta tampoco el resultado favorable de la modificación de la concesión aprobada por el Puerto en julio de 2019.

Por tanto, la tramitación de la construcción de los polémicos seis macrodepósitos para mover combustible queda aplazada hasta conocerse el dictamen de la Conselleria de Medio Ambiente. Los letrados municipales consideran que tampoco se ha producido silencio administrativo sobre la licencia y, en el caso de que lo hubiera, éste sería desestimatorio.

La promotora de los macrodepósitos ha abierto, por su parte, una reclamación de la licencia municipal por la vía de lo contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Alicante, al entender que el silencio municipal sí le da derecho a contar con la licencia, algo descartado por Urbanismo desde que el verano pasado Terminales Marítimas del Sureste viera aprobada la modificación de la concesión en el muelle 19 para construir los depósitos.

El Consejo de Administración del Puerto de Alicante aprobó el pasado 25 de julio, tras más de un año de tramitación, la modificación sustancial de la concesión de Terminal Marítima del Sureste en los muelles 19 y 21 para permitir la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en un complejo con seis depósitos de 26 metros de altura para gestionar 111.699 m?3; de gasoil todos los años. El puerto justificó su decisión en un informe del Abogacía del Estado, que certifica que la petición se ajusta a derecho para una actividad ya permitida por el puerto. Además, la promotora contaba con un informe ambiental favorable.

El dictamen jurídico municipal con fecha del pasado 27 de enero considera, ahora, que el informe ambiental favorable de 2016 no debió ser emitido al faltar distintos estudios preceptivos de otras administraciones. En relación a la licencia de actividad, se dirigió un oficio el día 24 de febrero de 2016 a fin de que fuera informada la licencia ambiental de actividad, que se emitió el día 8 de julio de 2016, en sentido favorable y en el que constaba que «el establecimiento se ubica en una parcela industrial de 21.500 m2 con seis depósitos de almacenamiento de combustible de capacidad total 112.549 m3 y casetas de control e instalaciones, vestuarios (34 m2) y oficinas (25 m?2;). Los letrados del Ayuntamiento reiteran que «dicho informe no debió ser emitido sin la previa solicitud de los estudios preceptivos de otras Administraciones, cuyas consideraciones y condicionantes han de ser valorados en el informe ambiental municipal». Algo que la empresa rechaza porque, en teoría, prevé mover menos de cien mil toneladas al año.

Los abogados del Puerto subrayaron en julio, por otro lado, que el protocolo de intenciones firmado en 1995 para no mover más combustible tras la retirada de los depósitos de CLH quedó en papel mojado en 2015, al entrar en vigor la nueva ley jurídica del sector público, y que la actividad no será peligrosa si se toman las correspondientes medidas de seguridad como en el caso de las gasolineras. Business 90, comenzó en 2013 su periplo administrativo en el Ayuntamiento donde, paradójicamente, se resolvieron todos los trámites hasta que desde el Consistorio comunicaron a la empresa que pidiera a TMS que solicitara la modificación sustancial de la concesión.

Siete años de tramitación de un proyecto que no quiere la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante comunicó oficialmente en septiebre de 2019 a la mercantil XC Businnes 90, promotora del proyecto para construir en el Puerto de Alicante un almacén para mover combustible, que no tenía previsto concederle la licencia de obras para los depósitos de combusible, y rechazó la petición de la empresa de que se la tenían que dar por silencio administrativo. En el Consistorio consta la petición desde 2013, y Business 90 volvió a reclamarla en septiembre tras contar con el visto bueno del puerto para poder levantar su planta en una parcela de los muelles 19 y 21. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, no pensaba lo mismo apoyado por un informe de los técnicos, y trasladó entonces a la mercantil que el silencio administrativo no podía aplicarse en este caso porque la empresa había pedido licencia de actividad y obra en un solo procedimiento, y por lo tanto no valía, ya que no se puede conceder licencia sin ver la obra previamente. Días después, el Ayuntamiento y la Generalitat se conjugaron para buscar todas las alternativas legales para parar el proyecto. Business ha recurrido a los tribunales, el puerto se quitó de en medio y la Generalitat, de momento no mueve ficha.

Fuente: Informacion.

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