El Consell permitirá almacenar graneles al aire libre en el Puerto de Alicante cuando la nave cerrada supere su capacidad máxima

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La plataforma vecinal «Por un Puerto sostenible» ha anunciado la interposición de un recurso de alzada contra la autorización de emisiones a la atmósfera (AEA) de la nave cerrada para almacenamiento, carga y descarga de graneles pulverulentos en el muelle 17 del Puerto de Alicante. Los vecinos, además, anuncian que van a estudiar una querella por presunta prevaricación contra la directora territorial de Alicante por «permitir seguir contaminando con la actividad de carga y descarga de graneles al aire libre«.

Esta es la decisión de los vecinos después de que la resolución de la Conselleria de Agricultura, Medio Rural, Cambio Climático y Transición Ecológica que, según la plataforma, mantendrá la autorización de descarga al aire libre en caso de avería en las instalaciones de la nave cerrada, siempre que se supere la capacidad de la nave (es decir, «que a pleno rendimiento de la misma, se pueda continuar amontonando y cargando fuera de ella», apuntan los vecinos) y para todos los materiales de importación (graneles que vengan en barco y se descarguen en el muelle).

«Tras más de doce años de movilización social y vecinal contra la contaminación atmosférica provocada por la carga y descarga a cielo descubierto de graneles pulverulentos tóxicos y peligrosos para la salud de las personas y el medio ambiente, esta plataforma ha recibido la resolución definitiva de autorización de emisiones a la atmósfera emitida por la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Medio Rural, Cambio Climático y Transición Ecológica», señala en un comunicado la plataforma que lucha contra la descarga al aire libre de graneles. «Una vez estudiada, esta plataforma rechaza de forma contundente y desde el estupor y la indignación tanto el contenido como los términos de la misma, dado que la Conselleria que dirige Mireia Mollà permite con esta resolución que se pueda realizar la actividad contaminante al aire libre y por tanto poniendo en riesgo la salud de los habitantes de los barrios más cercanos al Puerto», prosigue el comunicado. «Esto supone un claro paso atrás en el compromiso que se había adquirido y un clamoroso incumplimiento de la normativa que llevó a la licitación del proyecto de nave cerrada. La resolución, además, está repleta de lo que jurídicamente se denomina conceptos indeterminados que cualquier juzgado anularía», añaden los vecinos afectados.

Una protesta vecinal contra los graneles en el Puerto de Alicante

La resolución, firmada por la Directora Territorial Carmen Catalá Galvañ, «tenía como única finalidad la autorización de nave cerrada para esta actividad tras la modificación sustancial que en julio de 2018 se llevó a cabo sobre la autorización inicial de noviembre de 2016, estableciendo un periodo transitorio hasta la construcción de las naves». Sin embargo, Catalá «manipula y tergiversa la normativa autonómica y autoriza, junto a la explotación de la actividad en nave cerrada, que esta pueda incomprensiblemente continuar realizándose al aire libre en tres supuestos», añaden los residentes, en alusión al caso de avería en las instalaciones de la nave cerrada, para todos los materiales de importación y siempre que se supere la capacidad de la nave

«No son situaciones normales»

La Plataforma denuncia la «perversa manipulación» que la directora territorial de Alicante realiza del Decreto 228/2018, artículo 9, punto «d», en el que se refiere que las medidas a tomar en condiciones de explotación distintas de las normales son las fugas, averías, paradas temporales o cierre definitivo, y exigen de medidas orientadas a la prevención de la contaminación ambiental en estos supuestos. «En ningún momento se recoge que son situaciones no normales la superación de la capacidad y que la nave esté llena o que se trabaje con materiales importados y descargados desde un buque. La finalidad de esta manipulación es favorecer el beneficio empresarial y no la protección del medio ambiente saludable», continúan los vecinos.

Ante esta situación, la Plataforma ha anunciado hoy que está «estudiando» la interposición de una querella penal por presunta prevaricación por parte de la directora territorial «al emitirse de forma deliberada en esta resolución planteamientos no ajustados a la normativa».

Además, han anunciado que interpondrán un recurso de alzada ante la Dirección General de Calidad Ambiental con la finalidad de que la Conselleria dirigida por Mireia Mollà «rectifique en términos generales la cuestión de que una vez construida la nave se pueda seguir la operativa al aire libre y por tanto contaminando con impunidad». También exigen la modificación de los apartados recogidos en la resolución y que vulneran la normativa, en alusión a la propiedad y el control de las estaciones de medición por parte de la Autoridad Portuaria y la falta de medición de las partículas PM 2,5. «La resolución emitida no contempla este tipo de contaminantes, solo las PM 10, a pesar de que la normativa estatal obliga a la medición de las mismas (RD 102/2011 y Orden TEC/351/2019 de 18 de marzo)», añaden los vecinos, que consideran que la resolución de la conselleria supone el incumplimiento de tres compromisos adoptados previamente: recomendaciones derivadas de investigaciones del Síndic de Greuges, del Defensor del Pueblo y el auto provisional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 19 de enero de 2018, ratificado como sentencia firme en Resolución el pasado 29 de octubre de 2019, donde este alto Tribunal acredita que las naves cerradas son la única forma de cumplir la normativa ambiental para este tipo de actividades contaminantes del aire, dando por probados niveles de contaminación niveles que suponen un riesgo para la salud de la ciudadanía.

Los vecinos, conocida la resolución de la administración autonómica, exige «a la Conselleria de Mireia Mollà la rectificación sustancial de la resolución de AEA de la nave de graneles emitida, ajustándose a la legalidad, y el cese de la directora territorial firmante de la misma, para la que priman los intereses empresariales y no la legislación que vela por la protección del medio ambiente y de las personas». Además sostienen que «mantener la actividad granelera al aire libre en un muelle, el 17, donde se va a construir una nave de gran capacidad de almacenamiento, solo puede tener la intención de que la carga y descarga se puedan continuar llevando a cabo en los muelles 11 y 13 al aire libre, perpetuando los incumplimientos legales y sometiéndose a las presiones del Sr Gisbert, Presidente de la Autoridad Portuaria».

Fuente: Información.

 

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