Urbanismo niega la licencia para los depósitos de combustible del puerto

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La Generalitat podrá parar con su informe la iniciativa.

El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado a la mercantil XC Business 90, promotora del proyecto para construir en el puerto de Alicante una terminal con seis depósitos para mover combustible -111.000 m³ de gasolina y gasóleo al año- que, de momento, no tiene previsto concederle la licencia de obras para levantar los depósitos de combustible. Urbanismo rechaza el argumento de la empresa que defiende que le deben aprobar el permiso por silencio administrativo, ya que en el Ayuntamiento consta la petición desde 2013 y Business 90 ha vuelto a reclamarla tras contar desde julio con el visto bueno del Puerto para levantar su planta en una parcela de los muelles 19 y 21.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), no piensa lo mismo y apoyado por un informe de los técnicos, ha trasladado a la mercantil que «el silencio administrativo no se puede aplicar en este caso porque la empresa ha pedido licencia de actividad y obra en un solo procedimiento y, por lo tanto, no vale, ya que no se puede conceder licencia sin ver la obra previamente».

Además, Santos ha dado otro paso adelante para parar el proyecto pidiendo a la Generalitat un informe sobre el grado de peligrosidad de la actividad en el puerto de Alicante. Si los técnicos de Emergencias consideran actividad peligrosa el movimiento de combustible, el Ayuntamiento tendrá un «as» para impedir su construcción. En Alicante se prevé gestionar 111.000 m3 en seis depósitos de 26 metros de altura.

El edil Santos subrayó ayer, no obstante, que «el tema está en el Ayuntamiento y hemos pedido el informe, pero el Puerto tampoco puede quitarse de en medio y decir que el tema está acabado por su parte, que la petición de la modificación de la concesión era una acto reglado. No, el Puerto podía haber denegado ese cambio prohibiendo que en los muelles se movieran combustibles. En el Ayuntamiento estamos ahora igual. Si la empresa presenta un proyecto y todas las medidas de seguridad se ajustan a la legislación, tendremos que concederle licencia porque éste sí que se trata de un acto reglado. Habrá que esperar por tanto al informe de la Generalitat Valenciana».

El Consell no tiene competencia directa porque las licencias urbanísticas y ambientales las concede el Ayuntamiento, que ha pedido un informe sobre seguridad a la Generalitat con base en el artículo 36 de la Ley 6/2014 de Prevención de Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, al tratarse de una actividad en la que intervienen sustancias peligrosas. El informe será vinculante, según reza el artículo que avala, por lo tanto, la intervención del Consell.

XC Business 90 sostiene que la solicitud que presentó en 2013 es válida tras aprobar el Puerto en julio el cambio sustancial de la concesión

Según la ley, «en el supuesto de que la actividad esté afectada por el Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o norma que lo sustituya, el órgano sustantivo ambiental, (Ayuntamiento en este caso), solicitará con carácter preceptivo la emisión de un informe al órgano autonómico competente en materia de accidentes graves.

El artículo concluye, además, que «cuando se trate de establecimientos en los que vayan a estar presentes sustancias peligrosas, se solicitará la evaluación del informe de seguridad y el pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad del establecimiento o industria. Dicho pronunciamiento deberá ser emitido en el plazo máximo de seis meses desde la recepción de la documentación, conforme establece el mencionado real decreto. El informe será vinculante cuando sea desfavorable, así como en cuanto a los condicionamientos necesarios que establezca en el ámbito de sus competencias».

La promotora del proyecto para construir los depósitos de combustible – la inversión roza los seis millones de euros– XC Business 90 ya ha movido por tanto otra ficha y desde hace un año tiene depositado en el Puerto un aval bancario por valor de 115.719 euros. El Puerto desestimó en julio, en este sentido, una alegación en la que ponía en cuestión la solvencia económica de la mercantil e, incluso, la acreditación profesional de su administrador único, Dionisio Vicente Díez. Según el Puerto, se trata de un ingeniero técnico industrial que ha participado en la consecución de proyectos similares en los puertos de Tarragona (18 depósitos con capacidad para almacenar 331.000 m³), Algeciras (24 depósitos y un millón de metros cúbicos de combustible), Sagunto (10 depósitos y 254.000 m³) y Bilbao (5 depósitos donde se mueven 60.000 m³). En Alicante se prevé gestionar más de 111.000 m3 en seis depósitos, de ahí su altura, 26 metros.

La Abogacía del Estado sostiene en el informe que realizó para la Autoridad Portuaria de Alicante que el proyecto contempla instalar los depósitos en la zona del puerto más alejada de la ciudad «reservada para la ubicación de instalaciones especiales que permitan acoger graneles y la solicitud planteada no supone ninguna variación en cuanto al aumento de superficie, puesto que la instalación se implantaría dentro del ámbito de la concesión, aunque sí se trata de una modificación sustancial de la concesión al superar en más de un 10% el volumen construido e inicialmente autorizado».

Barcala accede ahora a reunir a los grupos para tratar la polémica

Dos meses después de que la Autoridad Portuaria diera luz verde a los macrodepósitos en el Puerto, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha accedido a la petición de Compromís. Mañana viernes, Barcala ha convocado la Junta de Portavoces para abordar el polémico asunto. A la cita, según fuentes municipales, está previsto que acudan, además de los grupos municipales, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos, junto a técnicos del área. Será la primera vez que los partidos se unan después de que en octubre de 2018 pactaran una declaración contraria a la instalación de los depósitos.

De ahí que Terminales Marítimas del Sureste solicitara la modificación sustancial de la concesión para ceder el uso de una parcela de 14.500 m² a XC Business 90, con el fin de construir la polémica terminal de almacenaje y distribución de combustible compuesta por seis depósitos de 26 metros y diámetros variables entre 20 y 50 metros, así como la construcción de casetas de control, sala de bombas, un centro de tranformación, grupo electrógeno, vestuarios y oficinas. El objetivo es mover un volumen máximo total de 111.699 metros cúbicos al año, 94.386 toneladas. El Puerto asegura que no hay una segunda fase desde que TMS renunciara a ella el 15 de noviembre de 2018. Fase que hablaba de 12 depósitos y 600.000 m³.

Por su parte, Ecologistas en Acción, asegura que UE no considera el almacenamiento de hidrocarburos como una inversión sostenible, compatible con la política de lucha contra un documento oficial en el que se incluye una lista de actividades económicas consideradas sostenibles. Es decir, aquellas que pueden hacer una contribución sustancial a la mitigación o adaptación al cambio climático y que no ponen en cuestión otros objetivos ambientales. «Se ha excluido explícitamente al almacenamiento de hidrocarburos, que no se considera un proyecto sostenible, ya que puede perjudicar uno de los objetivos medioambientales clave, que es garantizar la transición energética hacia una economía descarbonizada y de cero emisiones de gases de efecto invernadero», señaló ayer Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción.

Fuente: Información.

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